Con dos años de operación, esta entidad ha gestionado más de 400.000 millones de pesos y desarrollado más de 30 proyectos con entidades públicas y privadas, creando soluciones que generen impacto social, económico y ambiental.
La Corte designó al magistrado Carlos Ernesto Camargo Assis, para la revisión del decreto y será el encargado de elaborar la ponencia sobre la constitucionalidad de la medida.
