El Gobierno de Colombia dio un paso clave en la política de salud y regulación del cannabis medicinal con la firma del Decreto 1138 de 2025, que autoriza la venta de flor seca de cannabis con fines terapéuticos en farmacias y droguerías del país, siempre bajo prescripción médica y control sanitario. La medida, expedida por los ministerios de Salud y Justicia, busca ampliar el acceso de los pacientes y fortalecer la industria nacional del cannabis medicinal.
El decreto complementa la Ley 1787 de 2016, que reguló el uso del cannabis con fines medicinales y científicos, pero que hasta ahora limitaba el acceso a productos derivados como aceites o extractos. A partir de la nueva norma, las farmacias podrán dispensar flor seca la presentación natural de la planta a pacientes con fórmulas médicas emitidas por profesionales habilitados. Los productos deberán provenir de cultivos y laboratorios con licencia del Invima y el Fondo Nacional de Estupefacientes.
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Según el decreto, durante los primeros dos años de implementación, solo pequeños y medianos productores nacionales podrán abastecer el mercado interno, con el fin de evitar la concentración económica y promover la inclusión de comunidades campesinas, étnicas y rurales que han apostado por la sustitución de cultivos ilícitos.
Implicaciones y reacciones
La medida posiciona a Colombia como uno de los pocos países de América Latina que autoriza la venta controlada de flor seca en puntos farmacéuticos. Sin embargo, expertos y gremios del sector advierten retos regulatorios. La Asociación Colombiana de Industrias del Cannabis (Asocolcanna) pidió mayor claridad sobre los mecanismos de control, precios y trazabilidad, para evitar desviaciones hacia el mercado ilegal.
Por su parte, la organización ASOCAÑAMO celebró esta medida “La norma debe ser una herramienta de inclusión productiva real, no una barrera técnica que concentre oportunidades y excluya a quienes históricamente han sostenido el territorio”.
El Gobierno tiene un plazo de cinco meses para reglamentar los protocolos de prescripción, etiquetado, control sanitario y sistemas de monitoreo. El Invima será responsable de certificar los establecimientos farmacéuticos autorizados, mientras que el Fondo Nacional de Estupefacientes controlará el registro de pacientes y la distribución del producto.
Un nuevo capítulo en la política de salud
La decisión llega en un momento en que el país busca consolidar el cannabis medicinal como un sector estratégico de salud pública y desarrollo rural. El mercado colombiano, uno de los más prometedores de la región, podría alcanzar más de 200 millones de dólares anuales, según estimaciones de la Asociación de Cáñamo y Cannabis Medicinal.
Con este decreto, el Gobierno pretende que el cannabis medicinal no solo sea un negocio de exportación, sino también una herramienta terapéutica accesible y un instrumento de justicia económica para comunidades rurales. La eficacia de la medida dependerá de la velocidad con que se reglamente y de la capacidad institucional para hacer cumplir los controles sanitarios y sociales que la norma exige.
