La Corte Constitucional emitió la sentencia T-420 de 2025, en la que reconoció una grave crisis alimentaria y de desnutrición que afecta a niñas y niños de comunidades indígenas del Vichada, y ordenó medidas inmediatas para garantizar sus derechos fundamentales a la vida, la salud, la alimentación y el acceso al agua potable.
El fallo, con ponencia del magistrado Juan Carlos Cortés González, ordena a las autoridades nacionales y territoriales a implementar planes de atención inmediata en salud, agua y alimentación, bajo un enfoque étnico y concertado con los pueblos indígenas. La decisión advierte que la vulneración de derechos no puede abordarse de manera aislada, sino mediante acciones integrales, sostenibles y culturalmente adecuadas.
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“La Sala consideró que existe una afectación estructural configurada tanto por barreras administrativas y geográficas como por la falta de voluntad institucional para implementar medidas con enfoque diferencial”, señala la Corte en la sentencia.
La Corte revocó el fallo del 29 de septiembre de 2023, emitido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Villavicencio, que había negado una tutela interpuesta por la Defensoría del Pueblo en representación de comunidades indígenas del Vichada. El alto tribunal concluyó que el fallo anterior no valoró de forma adecuada la magnitud de la crisis humanitaria ni las omisiones del Estado frente a las poblaciones afectadas.
La sentencia ordena a las entidades nacionales, departamentales y municipales, con acompañamiento de la Defensoría del Pueblo y las personerías locales, realizar visitas presenciales a las comunidades para determinar sus condiciones de vulnerabilidad y formular soluciones concertadas. Estas acciones deberán traducirse en programas efectivos de acceso a agua segura, atención médica oportuna y suministro de alimentos para la niñez indígena.
El alto tribunal también indico al Ministerio de Salud, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y al Ministerio del Interior a coordinar un plan interinstitucional que priorice al Vichada como zona crítica, garantizando la participación de las autoridades indígenas en la formulación e implementación de políticas públicas.
Con esta decisión, la Corte Constitucional reitera su llamado a superar el abandono histórico de los pueblos indígenas del oriente colombiano e insta al Estado a adoptar medidas con enfoque diferencial, que aseguren no solo la atención humanitaria inmediata, sino también la preservación cultural y territorial de las comunidades.
