La Cámara de Representantes aprobó en primer debate el proyecto de ley estatutaria 328 de 2023, impulsado por David Racero, que exige a los aspirantes a la presidencia a participar en debates públicos y contempla tres sanciones para quienes se ausenten: reducción de financiación, suspensión de publicidad y espacio vacío en el debate.
El proyecto busca modificar la Ley 996 de 2005 para que los candidatos presidenciales deban participar en al menos un debate en primera vuelta y uno en segunda, de haberla, con el fin de garantizar que la ciudadanía conozca sus propuestas y fortalezca la deliberación pública. Entre las sanciones previstas figuran:
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- Cancelación de los espacios gratuitos asignados en medios de comunicación social (espectro electromagnético) para el candidato ausente.
- Reducción del 25 % de los recursos de reposición de votos (es decir, financiación estatal vinculada al número de votos obtenidos) que le corresponderían a la campaña.
- Durante el debate, el espacio físico que le correspondería al candidato ausente permanecerá vacío, con su nombre visible, de modo que la ciudadanía constate su ausencia. Cabe aclarar que las sanciones se aplican salvo que se pruebe, y el CNE lo avale, que hubo una causa de fuerza mayor o caso fortuito que impidió la asistencia.
El mecanismo busca asegurar que el electorado tenga acceso directo a las propuestas de todos los aspirantes, incluyendo aquellos que tradicionalmente no han tenido fuerte exposición mediática. “Así garantizamos igualdad, transparencia y voto informado para toda la ciudadanía”, explicó Duvalier Sánchez representante a la cámara y uno de los ponentes de la iniciativa.
El proyecto pasará a la plenaria de la Cámara, luego al Senado de la República y, finalmente, ser sancionado por el presidente de la República para convertirse en ley estatutaria. Una vez sancionada, el Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene entre tres días del cierre de inscripciones para reglamentar los debates, fijar convocatorias, reglas y sanciones correspondientes.
La propuesta surge en medio del debate nacional sobre la falta de confrontación de ideas en las campañas políticas. En elecciones anteriores como las de 2018 y 2022 varios candidatos optaron por no asistir a debates, alegando sesgos mediáticos o estrategias de posicionamiento. De aprobarse esta norma, los comicios de 2026 marcarían un precedente: los debates dejarían de ser una opción estratégica y pasarían a ser un compromiso democrático obligatorio.
