El futuro del proyecto ahora está en manos de Carlos Pablo Márquez Escobar, quien tendrá el voto decisivo para definir si la reforma se mantiene o se cae. Márquez es abogado de la Universidad Javeriana, con maestrías en economía y derecho y doctorado en la Universidad de Oxford. Además, ha sido regulador en entidades como la Superintendencia de Industria y Comercio y la Comisión de Regulación de Comunicaciones.
En contra del proyecto votaron los magistrados Jorge Enrique Ibáñez, Lina Escobar, Paola Meneses y Carlos Camargo Assis, argumentando que persisten los vicios de trámite que la Corte señaló meses atrás. A favor de mantener la reforma, votaron Vladimir Fernández, Natalia Ángel, Miguel Polo Rosero y Juan Carlos Cortés González, quienes consideraron que el Congreso sí subsanó esas fallas al repetir parte del trámite en sesiones extraordinarias y que no persiste ningún vicio que justifique tumbar la ley.
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El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, calificó la designación del conjuez como una “dilación desafortunada”, porque retrasa la implementación de una ley que muchos trabajadores esperan con urgencia y mantiene la incertidumbre sobre el futuro del sistema pensional.
La reforma plantea un sistema pensional organizado por pilares; solidario, semicontributivo y contributivo, que incluye una renta para adultos mayores en pobreza, fortalece a Colpensiones al establecer que quienes ganan hasta 2,3 salarios mínimos coticen allí, reduce semanas de cotización para algunos grupos (como mujeres con hijos), habilita traslados especiales entre regímenes para quienes están cerca de pensionarse y fija un plazo obligatorio para que los cotizantes de ingresos altos elijan una administradora privada de pensiones, o sean asignados automáticamente si no lo hacen.
El conjuez tendrá alrededor de 30 días para revisar el expediente y emitir su voto, aunque la Corte puede ampliar el plazo según la complejidad del caso. Una vez se pronuncie, la Corte podrá definir si la reforma sigue vigente o si debe ser anulada. Si el conjuez se inclina por la constitucionalidad, el proyecto avanzará hacia su implementación; si vota en contra, la reforma se caerá por vicios insubsanables y el Gobierno tendría que presentar un nuevo proyecto.
