El auto que amplía el término fue adoptado tras la solicitud de la fiscal primera delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Marlene Orjuela, junto a los representantes de las víctimas reconocidas del proceso, entre ellos Iván Cepeda, el exministro Eduardo Montealegre, el exvicefiscal Jorge Fernando Perdomo y Deyanira Gómez.
Estos argumentan que la acumulación de pruebas, declaraciones múltiples, grabaciones y documentos exige tiempo para preparar una demanda de casación sólida.
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Una vez presentada la demanda, la Corte Suprema evaluará si admite la casación. En caso de ser admitida, se abrirá la fase de sustentación con audiencias y análisis jurídico del expediente. Si la casación prospera, el fallo absolutorio podría ser revisado, lo que podría derivar en un nuevo juicio o incluso una condena. Si no, la absolución quedará en firme.
El expresidente Uribe fue absuelto en octubre de 2025 por el Tribunal Superior de Bogotá, pero la ampliación del plazo para casación mantiene en curso la posibilidad de que ese fallo sea revisado, prolongando así uno de los procesos judiciales más relevantes de los últimos años en el país.
