El decreto, emitido el 22 de diciembre de 2025 (Decreto 1390), declara un estado de emergencia económica por 30 días con el objetivo de otorgar al gobierno facultades excepcionales para enfrentar el desequilibrio fiscal que se generó tras el hundimiento de la reforma tributaria y la necesidad de financiar programas sociales, subsidios y pagos pendientes en el presupuesto de 2026.
La Corte Constitucional explicó que, aunque por mandato constitucional y por la Ley Estatutaria de Administración de Justicia el control de constitucionalidad de este tipo de decretos debe ser automático, en este caso no se puede iniciar de inmediato debido a la vacancia judicial, un periodo en el que la actividad ordinaria de los despachos se suspende por vacaciones y reacomodos administrativos.
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El tribunal citó como precedente lo ocurrido con el decreto de emergencia expedido en 2009 para atender crisis en el sistema de salud, cuyo análisis se realizó tras la vacancia y luego requirió varios meses para una decisión final.
El estudio que realizará la Corte una vez retomadas sus funciones consistirá en evaluar si el decreto y las medidas que se deriven de él cumplen con los requisitos constitucionales para declarar una emergencia económica. La Constitución Política en sus artículos 212 a 215 y la Ley Estatutaria 137 de 1994 establecen que los estados de excepción deben estar justificados por una “situación grave e imprevista” que afecte el orden constitucional, político, económico o social del país.
Desde el Gobierno, la declaratoria se ha defendido bajo el argumento de que el país enfrenta un riesgo fiscal inmediato, derivado de la falta de recursos para garantizar la continuidad de programas sociales, el cumplimiento de compromisos presupuestales y la estabilidad macroeconómica. La emergencia busca evitar una parálisis en la ejecución del gasto público haciendo énfasis en la salud por ejemplo con el pago de las UPC y también con el pago de subsidios como de energía.
La emergencia económica ha generado diversas reacciones. La congresista Angélica Lozano, por ejemplo, ha cuestionado que no existe una causa extraordinaria e imprevista que justifique el decreto, argumentando que la crisis fiscal no constituye, por sí sola, una base constitucional para la medida.
