La prima de servicios, establecida mediante el Decreto 2170 de 2013 durante el gobierno de Juan Manuel Santos, ha sido considerada un beneficio desproporcionado frente al ingreso promedio de la población y a la realidad económica del país. Según el documento preliminar, eliminar esta asignación, que actualmente ronda los $15 millones mensuales por congresista, implicaría una reducción cercana a $11 millones mensuales en la asignación total de los congresistas a partir de 2026. i
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, explicó que la prima, aunque fue creada inicialmente para cubrir costos de instalación de congresistas procedentes de otras regiones, con el tiempo se “transformó en un beneficio generalizado para todos los congresistas”, generando un costo fiscal recurrente que el Gobierno considera insostenible en el actual contexto económico.
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El borrador del decreto sostiene que la remuneración de los miembros del Congreso no está alineada con las condiciones del Plan Nacional de Desarrollo ni con la necesidad de cerrar brechas socioeconómicas, por lo que es necesario implementar medidas de austeridad que no afecten los derechos fundamentales de los ciudadanos. La propuesta de eliminación también se apoya en interpretaciones de la Corte Constitucional, que han indicado que esta prima no constituye un derecho adquirido obligatorio y puede ser removida por vía administrativa.
La propuesta ha generado diversas reacciones, algunos congresistas han respaldado la iniciativa como el senador Iván Cepeda que calificó la eliminación de la prima como “un acto de justicia social”. Por parte de la Alianza Verde, la senadora Angélica Lozano recordó que en 2023 el Senado había aprobado en trámite la eliminación de la prima, aunque dicho proyecto no prosperó en la Cámara en su momento, y se mostró a favor de que el Gobierno avance en esta decisión.
