Este grupo de gobernadores anunciaron esta decisión durante la Cumbre de Gobernadores realizada en Boyacá. Manifiestan que se declararán en “rebeldía” frente a la emergencia económica, decisión que estará acompañada por la interposición de acciones de tutela, con el objetivo de frenar la aplicación de los nuevos tributos y medidas fiscales derivados del decreto, hasta que exista un pronunciamiento definitivo de la Corte Constitucional.
La postura común entre los mandatarios regionales es que las medidas adoptadas bajo la emergencia afectan la autonomía fiscal de los departamentos y podrían generar impactos económicos adversos de difícil reversión, especialmente en sectores estratégicos como salud, educación y deporte.
En varios territorios, los gobernadores han señalado que evaluarán la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad, un mecanismo que permite inaplicar normas que consideren contrarias a la Constitución, mientras se resuelven las tutelas y se surte el control automático del decreto por parte del alto tribunal.
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirmó que «el departamento no aplicará las medidas tributarias del decreto, amparándose en la Constitución y en la figura de la excepción de inconstitucionalidad«:
Rendón advirtió que, «en el caso de la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA), la aplicación del decreto implicaría girar al Gobierno Nacional más de $720.000 millones durante el año, recursos que podrían permanecer en el departamento». Además, indicó que una botella de aguardiente podría pasar de $40.000 a $60.000, como efecto directo del aumento de impuestos.
El mandatario anunció que antes de finalizar el mes su administración expedirá el acto administrativo que formaliza la inaplicación del decreto, decisión que se mantendría vigente hasta que la Corte Constitucional falle de fondo.
En la misma línea, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, advirtió que la aplicación del decreto tendría efectos graves sobre las finanzas regionales. “No vamos a tener recursos para educación, salud ni deporte, que son fundamentales”, señaló.
Toro indicó además que los gobernadores acordaron impulsar de manera conjunta un documento jurídico ante la Corte Constitucional, con el acompañamiento de la Federación Nacional de Departamentos, para solicitar que ningún departamento aplique el decreto mientras se define su constitucionalidad.
La postura de los gobernadores coincide con la solicitud presentada por el Consejo Gremial Nacional (CNG) ante la Corte Constitucional, en la que pidió la suspensión provisional del decreto de emergencia económica, al considerar que no cumple con los requisitos de necesidad, proporcionalidad y conexidad exigidos por la Constitución.
Gremios como la Andi y Fenalco han respaldado esta solicitud, advirtiendo que el uso de la emergencia para modificar impuestos sin debate legislativo podría afectar la competitividad, el empleo y la estabilidad fiscal del país.
