La Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial manifestó su profunda preocupación al Gobierno Nacional, específicamente al Ministerio de Hacienda, debido a una significativa reducción en su presupuesto para el año 2026.
Según la Comisión, al recorte inicial de $4.4 billones sobre una solicitud de $16 billones, se sumó recientemente una nueva disminución de $695 mil millones. Esto representa una fuerte merma en los recursos necesarios para el funcionamiento de la justicia en el país.
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Impacto directo en la administración de justicia
Jorge Enrique Vallejo Jaramillo, presidente de la Comisión, calificó el recorte como «muy delicado», ya que pone en riesgo proyectos esenciales como la creación de los juzgados laborales municipales y el fortalecimiento general de la Rama Judicial.
Vallejo señaló que, no obstante, se ha iniciado un «diálogo firme, respetuoso y cordial» con el Gobierno. El objetivo de estas conversaciones es establecer mesas técnicas de trabajo que permitan incrementar el presupuesto para 2026 y realizar ajustes que destinen más recursos a la administración de justicia.
Reunión clave con Hacienda y consecuencias del recorte
En una reunión con el viceministro general de Hacienda, Carlos Emilio Betancurt Galeano, la Comisión —integrada por los máximos líderes de cortes, consejos y la Fiscalía— detalló las graves implicaciones de este recorte.
Los efectos se sentirían en áreas críticas como:
- Servicios básicos: Reducción de recursos para aseo, vigilancia, arrendamientos, seguros, mantenimiento y servicios públicos.
- Inversión: Disminución en la compra de mobiliario, maquinaria, equipo y otros bienes necesarios.
- Obligaciones y nuevas competencias: Afectación en el pago de sentencias y en la implementación del nuevo Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, así como de la Jurisdicción Agraria y Rural.
Entidades como la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación y el Instituto Nacional de Medicina Legal se verían directamente perjudicadas.
Compromisos acordados para buscar soluciones
Como resultado de la reunión, el Ministerio de Hacienda se comprometió a:
- Dar una respuesta en los próximos días sobre el decreto para aumentar la bonificación judicial en un 5.85%, un acuerdo pendiente desde junio de 2025.
- Gestionar una reunión entre los ministros de Hacienda y Justicia para analizar la distribución de los recursos del FRISCO.
- Instalar una mesa técnica para revisar las necesidades presupuestales prioritarias de 2026, definir un cronograma y plantear soluciones al déficit identificado.
