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Reforma a la salud se estanca en la Comisión Séptima del Senado

La Comisión Séptima del Senado decidió suspender el trámite de la reforma a la salud hasta que el Gobierno aclare las fuentes de financiamiento necesarias para implementarla. El proyecto no volverá a discutirse mientras no se garantice la disponibilidad presupuestal.

La reforma al sistema de salud impulsada por Gustavo Petro se encuentra en jaque, tras una decisión clave de la Comisión Séptima del Senado. Este martes, la senadora Nadia Blel presentó una proposición que logró siete votos a favor y seis en contra para aplazar el trámite del proyecto, hasta que el Gobierno aclare las fuentes de financiamiento necesarias para implementarlo.

El argumento de la senadora Blel se basó en que el Proyecto de Ley de Salud requerirá recursos adicionales que no fueron contemplados en el Presupuesto General de la Nación para 2026, lo que podría dejar al sistema sin capacidad de ejecución.


La iniciativa de reforma del gobierno propone un giro hacia un modelo preventivo, resolutivo y vinculante con la Atención Primaria en Salud (APS). Sin embargo, la falta de claridad sobre cómo se cubrirán los costos estimados en más de 109 billones solo en el primer año, según algunos senadores es la principal barrera que enfrenta en la comisión.

Implicaciones frente a la crisis del sistema de salud
La paralización del trámite llega en medio de una crisis estructural del sistema de salud colombiano: múltiples EPS intervenidas, deudas de prestadores, largas listas de espera y cobertura desigual. El bloqueo legislativo representa un riesgo adicional, retrasar la reforma implica que las falencias actuales persistan más tiempo.


Para el gobierno, el revés es doble: por un lado, pierde impulso legislativo en una de sus banderas principales; por otro, el aplazamiento pone en evidencia que el congreso no le da garantías para estructurar una transformación tangible.
La Comisión Séptima anunció que retomará la discusión una vez que el Ministerio de Hacienda garantice los cálculos fiscales, mientras el Ejecutivo contempla alternativas como una consulta popular para salvar la iniciativa.

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