Estos programas permitían que familiares inmediatos (cónyuges, hijos menores y, en algunos casos, padres) de ciudadanos o residentes legales permanentes ingresaran temporalmente a Estados Unidos mientras esperaban la aprobación definitiva de su visa de inmigrante. El beneficio se otorgaba mediante permisos humanitarios de permanencia temporal, conocidos como parole, sin que esto significara la residencia permanente automática.
Con la eliminación del programa, estas solicitudes ya no serán admitidas bajo ese mecanismo y deberán continuar exclusivamente por la vía tradicional consular. En un comunicado la DHS indico que estos programas dejaron de cumplir su propósito humanitario y se convirtieron en una vía para irregularidades administrativas y migratorias.
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Además de Colombia, la cancelación del programa aplica para otras nacionalidades que habían sido incluidas en esquemas similares de reunificación familiar, entre ellas Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Según el DHS, en todos los casos se identificaron patrones similares de inconsistencias, presentación de información falsa y permanencias irregulares una vez vencidos los permisos temporales.
El Gobierno de Colombia, a través de la Cancillería, señaló que respeta la decisión soberana de Estados Unidos en materia migratoria, pero expresó preocupación por el impacto que tendrá en miles de familias colombianas que esperaban reunificarse legalmente. La Cancillería indicó que se encuentra revisando el alcance de la medida y que brindará orientación consular a los connacionales afectados.
La eliminación del programa no cancela los procesos migratorios ya aprobados, pero sí obliga a que los solicitantes continúen sus trámites desde Colombia y esperen los tiempos ordinarios del sistema de visas, que pueden extenderse por varios años.
Organizaciones de migrantes han advertido que la medida golpea especialmente a hogares que ya habían avanzado en sus procesos y contaban con este mecanismo como una solución temporal. Estados Unidos, por su parte, insistió en que el ajuste busca reforzar la integridad del sistema migratorio y garantizar que los programas humanitarios no sean utilizados de forma indebida.
