Para su defensa, designó como abogado principal a Barry J. Pollack, jurista con amplia trayectoria en tribunales federales de Estados Unidos y reconocido por haber liderado la defensa de Julian Assange, fundador de WikiLeaks, cuya estrategia jurídica permitió su liberación tras un acuerdo judicial en 2024. Pollack centrará su defensa, entre otros aspectos, en argumentos de inmunidad soberana y presuntas irregularidades procesales.
De manera simultánea, el Consejo de Seguridad de la ONU sostuvo desde las 10:00 a. m. una sesión extraordinaria para analizar la crisis desatada en Venezuela tras la operación militar estadounidense y la captura de Maduro. En el debate, varios países coincidieron en la necesidad de respetar la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe el uso de la fuerza para resolver controversias entre Estados y prioriza las salidas diplomáticas.
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Colombia reiteró su postura en favor del diálogo y la negociación, manifestando que la escalada del conflicto puede generar graves consecuencias humanitarias. La embajadora colombiana Leonor Zalabata Torres ante la ONU advirtió que «la incertidumbre derivada de los ataques podría provocar nuevos flujos migratorios, presionando a las comunidades de acogida, especialmente en zonas fronterizas».
Durante la sesión, Rusia y China calificaron la operación de Estados Unidos como una “agresión armada” contraria al derecho internacional. El embajador ruso ante la ONU, Vasili Nebenzia, afirmó que no existe justificación legal para los hechos y exigió la liberación de Nicolás Maduro, al considerar que se vulneró la soberanía y la integridad territorial de Venezuela.
En contraste, el embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, defendió la operación al señalar que se trató de una acción legal y selectiva contra “dos fugitivos de la justicia estadounidense”, a quienes calificó como narcoterroristas. Waltz sostuvo que Maduro no es un jefe de Estado legítimo y recordó que más de 50 países, incluidos Estados Unidos y miembros de la Unión Europea, desconocieron los resultados de las elecciones venezolanas de 2024 por falta de transparencia.
“Este es el hemisferio occidental. Aquí es donde vivimos y no vamos a permitir que sea utilizado como base de operaciones por los adversarios y rivales de Estados Unidos”, afirmó ante el Consejo.
En nombre del secretario general António Guterres, la secretaria general adjunta de la ONU para Asuntos Políticos, Rosemary A. DiCarlo, expresó su profunda preocupación por las operaciones militares reportadas en Caracas, Miranda, Aragua y La Guaira, cuyos efectos humanitarios aún no han sido cuantificados.
DiCarlo calificó la situación como “grave” y advirtió que el derecho internacional no ha sido respetado, recordando que la Carta de la ONU prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial de los Estados. Asimismo, alertó sobre el precedente que estos hechos podrían sentar para las relaciones internacionales.
“El mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales depende del compromiso continuo de todos los Estados miembros de adherirse a la Carta de las Naciones Unidas”, afirmó.
DiCarlo reconoció los años de crisis política, económica y humanitaria en Venezuela, pero advirtió que una escalada mayor podría derivar en una conflagración regional de consecuencias imprevisibles. La ONU reiteró su disposición para apoyar una salida pacífica y basada en el derecho internacional.



