El Consejo Gremial Nacional (CNG), que agrupa a las principales organizaciones empresariales del país, solicitó formalmente a la Corte Constitucional la suspensión provisional del decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno Nacional. En su comunicación, los gremios advierten que la medida podría generar “consecuencias económicas adversas e irremediables” y que no cumpliría con los requisitos constitucionales exigidos para la declaratoria de un estado de excepción.
De acuerdo con el Consejo Gremial, el Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025 no cumple con los principios de necesidad, proporcionalidad y conexidad, exigidos por la Constitución Política para este tipo de medidas. En ese sentido, sostienen que no existe una situación grave e imprevista que justifique el uso de poderes extraordinarios sin la intervención previa del Congreso de la República.
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En paralelo a la solicitud gremial, la Corte Constitucional informó que el estudio del decreto fue asignado al magistrado Carlos Ernesto Camargo Assis, quien será el encargado de elaborar la ponencia sobre la constitucionalidad de la medida.
Camargo Assis fue elegido magistrado de la Corte en septiembre de 2025 con 62 votos en el Senado. Es abogado, educador y académico, y se desempeñó como Defensor del Pueblo entre 2020 y 2024. Además, ha sido magistrado del Consejo Nacional Electoral y directivo de la Federación Nacional de Departamentos. Cuenta con formación de posgrado en Derecho Administrativo, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, y su perfil ha estado ligado al control institucional y al análisis del ejercicio del poder público.
La solicitud del Consejo Gremial ha sido respaldada por otros sectores empresariales, entre ellos la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) y Fenalco, que han expresado su preocupación por la falta de sustento constitucional para declarar una emergencia económica que habilite cambios fiscales sin un debate legislativo amplio. Para estos gremios, la medida podría afectar la estabilidad económica, la confianza inversionista y la planeación financiera de empresas y hogares.
Por su parte, el Gobierno ha defendido la declaratoria como una herramienta necesaria para enfrentar el desequilibrio fiscal, tras el rechazo de la reforma tributaria en el Congreso. El presidente Gustavo Petro y su equipo han insistido en que sin medidas extraordinarias el país podría enfrentar dificultades crecientes en el manejo del déficit presupuestario.
Mientras la Corte adopta una decisión de fondo o evalúa la solicitud de suspensión provisional, el decreto de emergencia sigue vigente, lo que mantiene abierto un debate jurídico y político.
