Luego de un proceso de tres meses destinado a corregir los vicios de procedimiento, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, presidente y ponente de la Corte Constitucional, radicó este 8 de octubre el proyecto de fallo que determinará la constitucionalidad de la Ley 2381 de 2024, conocida como la Reforma Pensional. Este paso crucial inicia la fase final de un debate que definirá la implementación del nuevo sistema pensional en el país.
El dilema de las actas: La prueba faltante en el proceso
El centro de la discusión procedimental radica en la comprobación de que el trámite de repetición en la Cámara de Representantes se realizó de forma correcta. El magistrado Ibáñez solicitó las actas de todas las sesiones extraordinarias, sin embargo, una de ellas no pudo ser entregada oficialmente debido a la falta de cuórum en una de las reuniones convocadas.
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Este vacío documental se convierte en un elemento pivotal para la Sala Plena, que debe evaluar si, a pesar de la ausencia de esa acta específica, el proceso en su conjunto se desarrolló con las garantías necesarias.
Postura de la Procuraduría: Respaldo condicional a la ley
El Ministerio Público se pronunció el pasado 18 de septiembre, respaldando la constitucionalidad de la reforma. La Procuraduría argumentó que, si bien las actas cumplen una función de transparencia, su eventual irregularidad o ausencia no vicia la legalidad de la ley.
En su concepto, el ente de control señaló que “las actas no hacen parte del trámite legislativo en sentido estricto, sino que se limitan a fungir como medios de prueba”. La Procuraduría sugirió a la Corte que existen otros medios probatorios idóneos para verificar la legalidad del proceso, como las grabaciones oficiales de las sesiones del Congreso.
Próximos pasos: La Sala Plena toma la decisión final
Con la ponencia ya radicada, los nueve magistrados de la Corte Constitucional tienen en sus manos el futuro de la reforma. Se espera que el primer debate en la Sala Plena se lleve a cabo durante la próxima semana.
La decisión final no solo validará o no el trámite legislativo, sino que despejará el camino para la implementación de uno de los cambios estructurales más significativos en la historia reciente de Colombia, definiendo el rumbo del sistema de pensiones para las próximas décadas.
