En una comunicación enviada el 16 de diciembre al procurador general Juan Gregorio Eljach, los firmantes recordaron que el Consejo de Estado, mediante sentencia del 4 de septiembre de 2025, declaró ajustada a la Constitución y la ley la designación del profesor Ismael Peña como rector de la Universidad Nacional. Posteriormente, el mismo tribunal anuló, el 20 de noviembre de 2025, la designación del profesor Leopoldo Múnera, decisión que según el precedente judicial tiene efectos retroactivos.
De acuerdo con los exrectores, la nulidad de la designación de Múnera implica que esta “es como si nunca hubiera existido”, por lo que la designación de Ismael Peña “emerge incólume” y debe producir efectos inmediatos. En el documento se cita jurisprudencia del Consejo de Estado que establece que la declaratoria de nulidad de un acto administrativo tiene carácter retroactivo, lo que restablece la vigencia del acto anterior.
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En ese sentido, los exrectores sostienen que no existe vacancia del cargo y que resulta ilegal intentar suplir la rectoría mediante la figura de un rector encargado. También señalan que no sería necesaria una nueva posesión de Peña, ya que este se había posesionado previamente ante notario, conforme al Código de Régimen Político y Municipal.
La solicitud a la Procuraduría es que, en ejercicio de sus funciones preventivas y de control de advertencia, exhorte al Consejo Superior Universitario a adoptar las medidas necesarias para la reincorporación inmediata de Ismael Peña como rector legítimo de la Universidad Nacional, con el fin de restablecer la gobernabilidad y la normalidad institucional.
